2015/11/24

«Los procesos de privatización sanitaria tienen que ser revisados uno por uno»




Isabel G. Caballero. nuevatribuna.es



«Nuevatribuna | ¿En qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de recortes y gobiernos de la derecha?

»Ana Castaño | @Anakapicua | Nuestra sanidad pública, desde hace un tiempo ha venido perdiendo su excelencia de manera progresiva, llegando a la situación actual, a la que califico de desastrosa sin ninguna duda, y esto lo podemos confirmar utilizando el barómetro Sanitario del CIS, por cierto nada sospechoso, que mide la proporción de ciudadanos que consideran que ha habido un deterioro en los diferentes niveles de atención, por poner un ejemplo: en el año 2009, el porcentaje en Atención especializada de insatisfacción era de un 9,7% pasando en 2014 a un 37,3%. Esto es un buen reflejo de cómo los recortes, en donde ha habido una disminución del personal sanitario que es difícil de cuantificar, ya que esto incluiría también el aumento de contratos precarios, ha afectado de forma directa a la atención sanitaría que recibimos. No sólo se trata de recortes, tenemos el grave problema de la externalización de servicios de mantenimiento que son esenciales para un adecuado cuidado y una pésima gestión en todo lo relativo a la Salud Pública, listas de espera o el colapso en las urgencias. Como se ha venido escuchando en las convocatorias de la Marea Blanca, nuestra sanidad se desangra.


»Financiar la sanidad pública sigue siendo el caballo de batalla de todos los gobiernos. A su juicio, ¿cuál sería la partida presupuestaria óptima para garantizar una cobertura universal?

»La financiación debe ser suficiente y permitir dotaciones orientadas a reformar e innovar las estructuras del sistema de Salud. Es necesaria la voluntad política que apueste por no disminuir el % del PIB que se asigna a gasto sanitario, que no ha dejado de disminuir en esta legislatura. Somos conscientes que estamos en un momento difícil, en donde los efectos de la crisis continúan, aunque se nos diga lo contrario, por lo que no vamos a decir cifras imposibles sino realistas, viables, por eso una partida presupuestaría válida sería incrementar en torno a 9 mil millones de euros en el primer año, justo lo que se ha ido perdiendo, suficiente para garantizar la cobertura Universal. De todos modos, en el corto plazo deberíamos ir dando prioridad a hablar de euros por habitante y no dejarlo todo a expensas de un PIB que mide muchas cosas pero no se encuentra en relación con las necesidades de la población, que debería ser el indicador principal de ajuste de la financiación.


»La sanidad pública es una competencia transferida a las CCAA. Ustedes defienden la necesidad de revertir los procesos de privatización llevados a cabo en algunas autonomías, especialmente en Madrid, Valencia y Galicia, entre otras. ¿Cómo se puede actuar desde la administración central para devolver a la gestión pública los servicios privatizados, entre ellos, por poner un ejemplo, las donaciones de sangre?

»Desde La administración central hay una cuestión fundamental que se puede llevar a cabo desde el minuto cero: La derogación de la ley 15/97 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS, que es el punto de partida para la ruta de la privatización. Derogar esta ley impediría nuevas privatizaciones y en relación a los procesos que ya están en marcha, tienen que ser revisados uno por uno y asegurar que cumplen los compromisos reflejados en el contrato, es decir, auditorias como un mecanismo de transparencia. Precisamente en lo referente a las Donaciones de sangre, cuyos trabajadores están padeciendo el abuso de la privatización, no se están cumpliendo los acuerdos pactados, con lo que se podría valorar la posibilidad jurídica de revertir el recurso privatizado sin necesidad de recompensar por lucro cesante.


»¿Eliminará Podemos los copagos en la sanidad pública?

»Sí, es uno de nuestros compromisos. Blindar los derechos sociales como uno de los cinco ejes constitucionales que planteamos desde Podemos, exige que la salud adquiera el status de un derecho fundamental, lo que terminaría con la exclusión, la falta de equidad y las diferencias en el acceso a la atención sanitaria. En esta línea, eliminaríamos los copagos de forma progresiva para evitar que haya personas que no realizan sus tratamientos adecuadamente por falta de medios económicos, lo que llamamos pobreza farmacéutica, y que puede acarrear descompensaciones importantes de un cuadro clínico. La disminución (hasta su eliminación) de los copagos debe hacerse priorizando aquellos que mayor daño hacen a la salud de la población y que más repercuten sobre el gasto directo que los usuarios hacen.


»También plantean ampliar la cartera de medicamentos financiados por la sanidad pública. ¿De qué medicamentos estamos hablando?

»De aquellos medicamentos que han demostrado un beneficio terapéutico, que no necesariamente han de ser los de coste más elevado. Hay que hacer una revisión muy seria sobre el coste y la eficiencia de los medicamentos, teniendo en cuenta la repercusión en la calidad de vida. Las decisiones de qué medicamentos se van a incluir o no ha de ser una decisión basada en criterios técnicos y procedimientos solventes, rigurosos y transparentes, no una decisión política resultante del equilibrio inestable de querer contentar a diversos grupos de presión. Apostamos por una política responsable de genéricos y por el desarrollo de la investigación en nuevas moléculas. Otro asunto importante que nos preocupa es la medicalización excesiva, somos uno de los países de la UE con mayor consumo de fármacos, y no olvidemos que existen los efectos adversos que pueden ser dañinos. Queremos revisar esta tendencia medicalizadora frente al malestar con propuestas que permitan otros modos de actuación.


»¿Y qué opina de las empresas farmacéuticas? ¿Ve necesario algún tipo de legislación que salvaguarde el derecho de los pacientes por encima de los intereses de estas empresas como ha sido el caso de los tratamientos contra la hepatitis B?

»No estamos en contra de las empresas farmacéuticas pero si nos parece razonable que den cuenta, en todo momento, del proceso de fabricación de un fármaco, para que el margen de beneficio no sea un “hacer caja” sino un beneficio lícito. Si se está comprometido con la Democracia, no se debe temer a los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Defendemos la justicia como forma de distribución, tanto para las cargas como para los beneficios. Cuando existen conflictos entre intereses privados y públicos, un Estado debe de tomar las decisiones que sean favorables a la ciudadanía y no a las corporaciones.


»¿Qué se puede hacer en materia de atención primaria tan devaluada en los últimos años?

»La atención primaria es el pivote central del Sistema y hay que mimarla porque su labor es fundamental para una atención integrada y coordinada. Todos los partidos dicen que es el eje principal del sistema pero a la hora de financiar se sigue repartiendo el dinero con los ojos en el hospital. Uno de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años es la atención a la cronicidad, en donde la gestión del cuidado en la proximidad es una pieza clave. Hay que invertir en el desarrollo y la innovación de la Atención Primaria para que el paso por el hospital sea algo puntual y resolutivo. Una Atención Primaria con competencias, liderazgo y apoyo a l@s profesionales que durante años han ido sosteniendo una parte fundamental del sistema con una infrafinanciación vergonzante.


»¿Ve necesario impulsar el desarrollo de la medicina preventiva que muchos facultativos ven como una política apropiada incluso para ahorrar costes al sistema público de salud?

»Una de las resoluciones más votadas en nuestra Asamblea Constitutiva de Vista Alegre, justo hace un año, resaltaba la importancia de la Salud en todas las políticas públicas, porque efectivamente es mejor prevenir que curar, es decir una sociedad que genere salud como un valor. La actuación sobre los determinantes sociales es prioritaria, porque además de generar desigualdades y aumentar la brecha social, repercute directamente en el Estado de salud de los ciudadanos así como los determinantes medioambientales, donde vemos cómo el incremento de la contaminación incide en el estado de salud. El cambio climático ha empezado a cambiar los modos de enfermar. Estamos empeñados en recuperar La salud pública y traerla de nuevo a la escena sanitaría. Prevenir, sí, pero no quedándonos solo en la medicina preventiva, sino caminando cascada arriba hacia los demás determinantes sociales de salud.


Una de las resoluciones más votadas en nuestra Asamblea Constitutiva de Vista Alegre, justo hace un año, resaltaba la importancia de la Salud en todas las políticas públicas, porque efectivamente es mejor prevenir que curar, es decir una sociedad que genere salud como un valor.

»El debate sobre la muerte digna ha entrado de lleno en la precampaña electoral. ¿Cuál es su posición al respecto? Y en cuanto a terminología, ¿eutanasia o muerte digna?

»Nuestra posición es muy clara, Derecho a una Muerte Digna. Pensamos que al igual que el Estado del Bienestar procura el buen vivir, también debe ocuparse del buen morir. No es una cuestión ideológica la que está en juego sino la aplicación de un derecho. En cuanto a la terminología nos decantamos por muerte digna porque la palabra Eutanasia, aunque significa la buena muerte, produce más equívoco.


»¿Cree necesario poner coto al conocido como ‘turismo sanitario?

»El llamado “turismo sanitario” fue la coartada para implementar por Ana Mato, lo que conocemos como el Apartheid sanitario, es decir la exclusión. El usuario del turismo sanitario no tiene nada que ver con el inmigrante en situación irregular y no son equiparables. La principal diferencia es que en el turismo se trata de personas con recursos, de ciudadanía europea y que vienen con el único fin de recibir tratamiento aquí. Para estas situaciones existen mecanismos en vigor y convenios bilaterales para que la atención se facture a los países de origen y no supongan una carga económica para nuestro sistema. Hay un pequeño detalle, no hay manera de encontrar en las publicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, cual ha sido el supuesto ahorro de aplicar este decreto.


»Como doctora en Psiquiatría, háblenos de la situación de los centros públicos de salud mental. ¿En qué situación se encuentran?

»La situación es muy crítica, lo que a mí me apena profundamente porque estuve muy implicada en sus inicios y ahora se les está dejando morir, al no dotarlos adecuadamente, reducir plantilla y modificar su dependencia administrativa. Los dispositivos de salud mental comunitaria precisan de equipos multidisciplinares y del trabajo en red en los distritos con diferentes agentes. El abordaje socio comunitario del sufrimiento psíquico es fundamental para que el Sujeto encuentre un modo de estar en el mundo. He de decir que, al igual que en el resto de la Sanidad Pública, la atención se sostiene por el gran esfuerzo y el compromiso de todos los profesionales.


»Y por último, ¿Qué amenaza supone el TTIP para los sistemas de salud públicos, en concreto en España? ¿Y qué se puede hacer al respecto?

»El TTIP es una clara amenaza para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud porque toma a la salud como un nicho de negocio y da prerrogativas a las farmacéuticas y a las grandes corporaciones privadas. Esto tendría un impacto directo en el acceso a los medicamentos y en la Salud Pública. Si a esto sumamos las políticas de privatización que se han llevado a cabo durante estos años, en el sector sanitario, con cargo a la financiación pública, la corrupción está servida: tráfico de influencias, opacidad en la gestión económica, puertas giratorias.

»La posición es No al TTIP, informando y movilizando a la Sociedad Civil del engaño que encierra este tratado. Desde Podemos, en el Europarlamento, nuestros representantes están muy activos denunciando y presionando para que se paren estos acuerdos.»





Administración Pública e innovación

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